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28/06/2006 / Barcelona

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala impide el interrogatorio del juez español a los acusados de genocidio porque la solicitud se tramitó en fotocopias

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha amparado al ex presidente del país, Efraín Ríos Montt, lo que significa que se cancelan de forma definitiva los interrogatorios que tenía previsto efectuar el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, en relación a un sumario por delito de genocidio, informa El Periódico de Guatemala . Entre los imputados, además de Ríos Montt, hay otros seis antiguos altos cargos del país, incluidos otros dos ex presidentes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala ha amparado al ex presidente del país, Efraín Ríos Montt, lo que significa que se cancelan de forma definitiva los interrogatorios que tenía previsto efectuar el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, en relación a un sumario por delito de genocidio, informa El Periódico de Guatemala . Entre los imputados, además de Ríos Montt, hay otros seis antiguos altos cargos del país, incluidos otros dos ex presidentes.El juzgado español abrió una investigación por el caso del asalto de la Embajada española, ocurrido el 31 de enero de 1980, y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles. El sábado pasado llegó a Guatemala el juez Santiago Pedraz, quien esperaba celebrar las audiencias programadas por un juzgado en el país.
La CC argumenta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no cumplió con los requisitos de la asistencia judicial solicitada por las autoridades españolas. Entre ellos, que un juez guatemalteco pudiera interrogar a imputados y testigos. El presidente de la CC, Alejandro Maldonado, explicó que se decidió amparar a Ríos Montt pues en este caso la CSJ se limitó a enviar dos copias de la resolución donde se autorizó la diligencia. “No es suficiente enviar dos fotocopias”, refirió. La investigación del juez Pedraz es producto de una denuncia por el genocidio de los mayas en Guatemala entre 1978 y 1986 y en el que se incluyen el asalto a la Embajada española en el que fallecieron 37 personas y el asesinato de varios sacerdotes españoles y de otros países. En relación a las atrocidades cometidas desde el aparato del Estado se han documentado más de 42.000 casos de las 200.000 víctimas estimadas.
 La delegación judicial española esperaba tomar declaración de al menos diez testigos e interrogar a los ex altos cargos guatemaltecos Benedicto Lucas García, Óscar Mejía Víctores, Ángel Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, ex jefe del comando Seis de la Policía Nacional, y el ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz.