Tras 9 años de un tortuoso proceso judicial, diez defensores del medio ambiente de la provincia de Cusco, en el sur andino del Perú, han sido absueltos de los cargos de secuestro, disturbio, daños y robo por los que la Fiscalía les reclamaba penas de 30 años de cárcel. Los hechos se remontan a inicios de 2011 cuando comunidades campesinas de la cuenca del río Yahuarmayo se manifestaron contra la contaminación ambiental provocada por una empresa minera. Además, la juez ha remitido el caso un organismo de control por la falta de sustentación probatoria de las acusaciones de la Fiscalía.
La expoliación de los recursos naturales en América Latina y las protestas generadas por estas actividades serán uno de los temas que se abordarán en un próximo ciclo de charlas sobre la actualidad política y social en la región impulsado por Casa Amèrica Catalunya y el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP).
28/01/2020 / Barcelona
Absueltos defensores peruanos del medio ambiente acusados sin pruebas
“Lo que reclamaba la población era que la empresa no contamine su cuenca, sus ríos y sean atendidos en sus demandas por la muerte de sus animales o por el paso de los camiones en una carretera bastante estrecha, que levantaban polvareda, malograba sus terrenos y perturbaba su tranquilidad. Pedían asimismo que el Estado haga monitoreos ambientales y exija que la mina no les contamine y no les perturbe su tranquilidad”, explica Ramiro Llatas, presidente de la organización Derechos sin Fronteras (DHSF. Cusco).
Para ello, diversas organizaciones convocaron una serie de manifestaciones y paros contra la actividad de la empresa minera Anabi SAC en la cuenca del río Yahuarmayo. La compañía contraatacó acusando de graves delitos a diez activistas. Los cargos de secuestro, disturbio, daños y robo fueron secundados por la Fiscalía sin comprobar su veracidad, tal y como denunciaron organismos de derechos humanos, tesis ahora corroborada por la juez en su sentencia absolutoria.
Para Ramiro Llatas, la Fiscalía siguió “la lógica de la empresa minera, usar el derecho penal, para terminar con los que reclaman y exigen la no contaminación” sin investigar, como era su obligación, la veracidad de las graves acusaciones contra los mediambientalistas. “Visto desde el lado de la empresa minera, creemos que probablemente la verdadera intención ha sido paralizar al movimiento social que estaba marchando en contra de ellos para exigirles que no contaminen”, añade.
Los diez defensores del medio ambiente absueltos son Jaime Mantilla Chancuaña, exalcalde de Llusco; Julian Alejo Ataucuri, exsecretario general del Frente de Defensa de los Intereses de Llusco; Victoria Quispesivana Corrales, exsecretaria general del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas; Luciano Ataucuri Chavez, expresidente del Comité de Lucha del Distrito de Llusco; Samuel Acero Hurtado, exrepresentante de la FARTAC; Urbano Cjulca Caceres exsecretario general de los Intereses de Quiñota; Esteban Alvis Cahuana, expresidente de la comunidad campesina de San Sebastián Llusco; Wilber Garcia Huaycani, expresidente de la Liga Agraria provincial de Santo Tomás de Chumbivilcas; Grimaldo Asto Puma, antiguo chófer de la Municipalidad Distrital de Llusco; y Edgardo Aguirre Pacheco, exsecretario de actas del Frente Único de Defensa e Intereses de Chumbivilcas.
“A los diez defensores se les ha sometido a un proceso penal por delitos muy graves por el solo hecho de haber ejercido sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que no se debe usar el derecho penal para criminalizarles y tratarles como los peores delincuentes”, subraya Ramiro Llatas.
NOTA: Imágenes columna derecha:
- Victoria Quispesivana, una de las acusadas que ha sido absuelta.
- Sala de los juzgados de Cusco donde se ha celebrado el juicio.
- ¡Se hizo Justicia! ¡Sin defensorxs no hay democracia!
© Imágenes: Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco
