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El gobierno de Guatemala ha aprobado una ley que permite intervenir las llamadas telefónicas para contrarrestar el crimen organizado. La ley, que entra hoy 12 de junio en vigor, tiene la finalidad de obtener información y evidencias que permitan procesar a los miembros del crimen organizado y desarticular la red. La ministra del Interior, Adela Torrebiarte ha explicado que se trata de una normativa necesaria para que las autoridades puedan luchar contra la violencia. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODGH) ha manifestado su preocupación ante la entrada en vigor de la normativa por considerar que se puede utilizar para controlar a la ciudadanía. “Podría servir de espionaje para controlar a la ciudadanía y eso nos preocupa porque se pueden cometer abusos”, ha declarado, Nery Ródenas, director del organismo.  Por su parte, el ejecutivo guatemalteco defiende la ley y afirma que las medidas se han tomado debido al aumento incesante de la violencia que se está produciendo en el llamado triángulo norte centro americano, por la que también se encuentran afectados El Salvador y Honduras
 
Precisamente, uno de los sectores que sufre más el aumento de la violencia en Guatemala son los conductores del servicio urbano. Los transportistas han amenazado con un “paro general” debido al incremento de los asesinatos a conductores de vehículos. En lo que va de año han muerto al menos 63 transportistas a manos del crimen organizado superando ya la cifra del 2006 situada en 52 muertos. Sin embargo, no es el único sector que se siente amenazado por el aumento incesante de la violencia. El asesinato a tiros de un religioso, el marista salvadoreño de 29 años, Alberto Enrique Olano Merino, ha vuelta a hacer sonar la alarma entre la comunidad religiosa. El hecho se produjo el pasado lunes 11 de junio, el mismo día en que los maristas guatemaltecos conmemoraban los 75 años de su llegada al país con una misa en la Catedral Metropolitana y una cena posterior en el Liceo Guatemala, sede educativa de dicho tipo de pandillas delictivas juveniles. Después de la cena, un grupo de 6 religiosos, entre los que se incluyen Olano y su hermano, que también resultó herido, decidieron dar una vuelta por las inmediaciones del centro cuando fueron asaltados por unos hombres con cuchillos. A pesar de que los maristas no opusieron resistencia al atraco, un coche aparcado cerca del lugar comenzó un tiroteo que culminó con el disparo a la cabeza de Olano, provocándole la muerte instantáneamente.
Este no es un hecho aislado en la región ya que en lo que llevamos de año han sido asesinadas un total de 1.925 personas en Guatemala y 552 en El Salvador. En 2006, el número de muertes violentas rondaba las 6.000. El último informe de Naciones Unidas “Crimen y desarrollo en Centroamérica” se resiste pero a atribuir estos altos índice de violencia únicamente a las pandillas juveniles o madres y lo traslada a otros problemas como el subdesarrollo, el tráfico de drogas o la corrupción pública.
El fenómeno de las maras (contracción de “marabunta”, colonias de hormigas depredadoras carnívoras de las selvas de Sudamérica) congrega, según cifras oficiales, entre 40.000 y 250.000 jóvenes de barrios marginales de Centroamérica. A pesar de surgir como respuesta a la pobreza y la falta de oportunidades de los jóvenes, las maras se reorganizaron como organizaciones criminales en contra de los gobiernos y la represión.
Particular medida en Honduras
Paralelamente a estos hechos, la diputada hondureña Elvia Amador ha propuesto un nuevo método para reducir la violencia: 1.000 lempiras (52 dólares) y una guitarra a cambio de un arma. La campaña se lleva a cabo en el departamento de Olancho, al este del país y hasta el momento, la singular iniciativa, ha recogido 5 armas. Las autoridades de Honduras pretenden que las fuerzas de seguridad las puedan reutilizar para incrementar la capacidad de sus efectivos.