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Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, mantiene todavía la incógnita de si se presentará a la reelección en las elecciones presidenciales del 2006. Mientras se mantiene la duda, la última encuesta realizada por el Instituto Datafolha muestra que Lula ha conseguido recuperar parte de la popularidad que perdió cuando su partido, el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), fue acusado de corrupción y de sobornar a diputados brasileños para conseguir su apoyo en los pasados comicios. Lula ha conseguido que su índice de aceptación aumente un 8%, del 28 % que tenía en junio de 2005 al 36% que consigue ahora.

A pesar de este aumento de popularidad, Lula sigue todavía por detrás de José Serra, alcalde de Sao Paulo y miembro del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en intención de voto para los próximos comicios en caso de que el actual presidente decida presentarse de nuevo. Según el estudio, en la primera vuelta de las elecciones habría ahora un empate técnico, ya que Lula conseguiría un 33% y Serra un 34%, pero en la segunda vuelta sería Serra quien despuntaría con el 49% de los votos.

Después de las acusaciones de corrupción, que partieron de la propia base aliada al Gobierno, Lula, que había comenzado su mandato con un 80% de aceptación, vio como su popularidad cayó al 28%. Aunque ahora parece que la imagen del mandatario mejora, el repunte que muestra la encuesta puede verse afectado por unas nuevas acusaciones de corrupción. El martes 7 de febrero, el asesor presidencial para temas internacionales, Marco Aurelio García, considerado uno de los consejeros más influyentes de Lula, afirmó que es posible que el PT hubiera sobornado a políticos en la anterior campaña electoral. En su opinión, el partido de Lula “se encontraba en un momento débil políticamente y recurrió a la corrupción para conseguir un mayor respaldo”.

En el marco de los escándalos de corrupción y la financiación ilegal de los partidos, la Cámara de los Diputados brasileña aprobó el jueves 9 de febrero un proyecto de ley que pone límites a los gastos electorales. La medida, que entrará en vigencia en las elecciones de octubre, limita el gasto de cada candidato y además prohíbe las grandes parafernalias en las campañas: no podrá haber propaganda en los periódicos, ni carteles en la calle, ni podrán celebrarse actos con espectáculos musicales de famosos. “Es necesario que las elecciones brasileñas dejen de ser festivales, fiestas y palco para financiadores que representan un abuso del poder económico”, afirma un diputado del PT.