36 personas conforman la Misión Catalana de Observación Electoral que se desplazará a Colombia, donde el domingo 29 de mayo se celebra la primera vuelta de las elecciones a la presidencia del país.
"Si no existiera ningún peligro no iríamos", ha dicho la presidenta de la Misión, la diputada y secretaria segunda del Parlamento de Catalunya, Aurora Madaula, en la presentación de esta iniciativa organizada por la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia y que ha tenido lugar en la Sala de Exposiciones de Casa Amèrica Catalunya.
24/05/2022 / Barcelona
Misión Catalana de Observación Electoral en Colombia
Aurora Madaula ha afirmado que el objetivo de los observadores catalanes es garantizar la integridad de las elecciones y el cumplimiento de los requisitos democráticos. La posibilidad de fraude y el uso de la violencia para impedir el derecho de participación electoral son los riesgos que amenazan a unos comicios que por primera vez en la historia podrían llevar a un candidato de izquierdas a la presidencia del país, ha explicado la máxima responsable de la Misión.
"Son unas elecciones cruciales para la implementación de los Acuerdos de Paz", ha añadido.
Mar Aguilera, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y jefa técnica de la Misión, ha informado que los 36 observadores catalanes se distribuirán por diversas zonas del país y ha subrayado que ésta es una iniciativa de la sociedad civil catalana.
"Se actuará con rigor y de acuerdo con los códigos internacionales en la materia", ha dicho.
En la presentación de la Misión también han intervenido las activistas colombianas Katherin Arias y Diana Martínez. Ambas están acogidas al programa catalán de protección para personas defensoras de los Derechos Humanos y garantías democráticas pues en Colombia peligraba su integridad personal a causa de su labor de liderazgo social.
"En nuestros territorios no hay garantías de nada", ha manifestado Katherin Arias, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
“Somos víctimas del conflicto y del Estado. El Gobierno criminaliza a los campesinos y atropella a los Derechos Humanos. Nos están atacando de forma brutal y nos estigmatizan como asesinos y terroristas. Es necesario un acompañamiento internacional para ver qué está pasando en nuestros territorios. Tenemos miedo, se consiga o no el cambio político”, ha concluido Diana Martínez, dirigente de la Asociación Campesina AGROCAFRE.
