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El debate sobre la despenalización del aborto es un tema clave para Latinoamérica. Esta región tiene algunas de las leyes más duras y restrictivas contra el aborto, como es el caso de Chile y El Salvador, donde el aborto está prohibido incluso en el caso de que peligre la vida de la mujer embarazada. La gran influencia de la Iglesia católica- acérrima enemiga de las prácticas abortistas- en los países latinoamericanos no hace sino empeorar unas estadísticas que muestran que cada año se realizan 4 millones de abortos, la mayoría ilegales, y mueren 5.000 mujeres a causa de complicaciones en abortos inseguros, o ilegales.

A pesar de las leyes restrictivas, los abortos en América Latina no hacen sino ir en aumento. Incluso el ratio de abortos en Brasil, Chile o Colombia es dos veces superior al ratio en Estados Unidos. Un dato preocupante teniendo en cuenta que debería ser a la inversa, ya que en la primera potencia mundial el aborto es legal.

Cuba, Puerto Rico y Guyana son los países con una legislación más liberal sobre el aborto, siendo Guyana el único país latinoamericano que, desde 1995, no penaliza esta práctica. En el resto de América Latina, las leyes son muy restrictivas: Panamá, Uruguay y Venezuela sólo aceptan el aborto en caso de que sea para salvar la vida de la mujer; Argentina no lo penaliza en caso de que se realice por el bien de la salud física; y México, Brasil y Nicaragua sólo consienten en su práctica si es en casos en los que ha habido violación.

Ante las cifras tan alarmantes de abortos ilegales, las voces para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe cada vez se oyen más. “Creo que se está empezando a ver que la penalización no lleva a menos abortos, sino a muchos problemas que pueden evitarse”, afirmaba Marianne Mollman, investigadora de Human Rights Watch, al diario El País. Con el auge de las protestas parece que hay una tendencia al cambio. La iniciativa de este giro hacia la reforma la llevó Uruguay en 2004, cuando a pesar de no legalizar el aborto a falta de tres votos, decidió obligar a los médicos a prestar asesoramiento sobre el aborto a toda mujer que lo requiriera. Un pequeño paso para un futuro cambio. Brasil, uno de los países en los que la ley es más restrictiva y el país donde el catolicismo tiene más peso, parece estar también dispuesto a debatir en el Congreso la posibilidad de permitir el aborto hasta el tercer mes de embarazo. Sería un gran progreso para un país en el que se producen 800.000 abortos ilegales al año.

A escala mundial, se producen al año 50 millones de abortos, entre los cuales 30 son legales y 20, ilegales. Como en la mayoría de temas de carácter social, las diferencias entre clases también marcan una diferencia en la seguridad de los abortos. Según el Instituto Alan Guttmacher, en los países con leyes restrictivas hacia el aborto las mujeres de clase media-baja son las que sufren más abortos inseguros e ilegales, ya que tienen menos medios que las mujeres de la clase alta para asegurarse un aborto con unas mínimas condiciones sanitarias, aunque sea de forma ilegal.