Con motivo del 35 aniversario del golpe militar en Argentina, Casa Amèrica Catalunya ha albergado la mesa redonda “Los juicios a los genocidas”, organizada por la Plataforma Argentina contra la Impunidad y otros colectivos de defensa de los derechos humanos. En el acto han intervenido el fiscal Carlos Castresana, el juez Baltasar Garzón (quien lo ha hecho desde La Haya a través de una grabación de video) y Martín Ernesto Mozé, un joven argentino que logró recuperar su identidad hace apenas dos años. “Argentina es un ejemplo de lo que la sociedad civil puede hacer para desnudar a una dictadura. El olvido no es en este caso la norma”, ha dicho Garzón. Han sido sus primeras declaraciones tras acudir al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya por la acusación de prevaricación que le formula el Tribunal Supremo español por investigar los crímenes del régimen franquista.
27/03/2011 / Barcelona
Contundente alegato por la justicia universal del juez Garzón y el fiscal Castresana en el 35 aniversario del golpe militar en Argentina
Garzón está apartado de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional española pero su reputación y ascendente por su relevante papel en la investigación, hace unos años, de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena siguen intactos.
“En España hubo uno olvido oficial para pasar página (en relación a los crímenes del franquismo). Pero para pasar página primero hay que leerla y sacar consecuencias, como hace ejemplarmente Argentina”. En este país hay 820 personas procesadas y otras 200 condenadas por su implicación en el terrorismo de estado desarrollado por la Junta militar argentina entre 1976 y 1983, ha subrayado, en la introducción de las intervenciones, el director general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria.
Con la voz entrecortada por la emoción, Garzón ha revivido “el contacto masivo con el sufrimiento de las víctimas de la dictadura argentina” y como en verano de 2005, junto a algunas de ellas, entró por vez primera en la siniestra Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Se trata del principal centro de reclusión clandestino de aquella época donde sólo sobrevivieron unas 200 de las más de 5.200 personas que fueron confinadas.
“Todavía tengo los pelos de punta. Fue un día durísimo. Los bordes de los peldaños de las escaleras estaban deformados por el roce de los grilletes de los pies de los prisioneros. Y en la habitación donde las madres daban a luz se podía leer lo que había escrito un soldado en la pared: “Nosotros no tenemos nada que ver con lo que aquí ocurrió”, ha explicado Garzón.
“En las declaraciones de las víctimas, en ocasiones era imposible aguantar las lágrimas”, ha proseguido Garzón. “Daban las gracias porque se les escuchara por vez primera. El éxito es de ellas: la justicia hizo lo que pudo cuando debía”.
Y ha añadido: “La justicia internacional y el principio de jurisdicción universal son una garantía contra la impunidad. No podemos renunciar a los avances conseguidos. Con la acción de la justicia se reafirma la estabilidad democrática y la verdad, la reparación y la justicia son el Norte que debe guiarnos en cada uno de estos casos”.
Carlos Castresana es el fiscal que hace 15 años redactó en Barcelona la “ingenua” demanda de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra la dictadura militar argentina a la que siguió, poco después, otra idéntica contra el régimen de Pinochet en Chile. Fue el inicio del torbellino judicial que, conducido por Baltasar Garzón, logró empezar a reclamar responsabilidades a los autores de aquellos desmanes. “No nos dábamos cuenta de cómo el muro de la impunidad se iba a caer”, ha dicho el jurista.
“Los derechos de los ciudadanos del mundo dependen de la comunidad internacional. Los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos. Ahí tenemos una asignatura muy pendiente ya que seguimos haciendo agua” ha dicho no sin celebrar la reciente decisión de la Corte Interamericana de Justicia que, a raíz de la demanda del Premio Cervantes de Literatura Juan Gelman sobre la desaparición de su nuera y adopción ilegal de su nieta, condena al estado de Uruguay por no haber investigado el caso, lo que en la práctica implica la derogación de la Ley de Caducidad vigente en este país latinoamericano.
“Tarde o temprano, algún tribunal lo dirá de la Ley de Amnistía española de 1977”, ha señalado Castresana en alusión a la normativa en la que basa el Tribunal Supremo para acusar de prevaricación al juez Garzón por investigar los crímenes del franquismo e impedir la depuración de responsabilidades penales por aquellos hechos.
“Ayúdennos: ahora son ustedes los que nos dan envidia”, ha concluido Castresana dirigiéndose a los numerosos ciudadanos argentinos presentes en el repleto auditorio de Casa Amèrica Catalunya.
