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Daniel Ortega no es el primero ni será el último que traiciona los nobles ideales por los que miles de sus compatriotas entregaron lo mejor de sus vidas. Ya hace muchos años que Daniel Ortega renegó del sandinismo para encabezar el orteguismo, en radical oposición a los valores representados por Augusto Sandino, aquel héroe revolucionario que se enfrentó a la ocupación de Nicaragua por parte de los Estados Unidos en busca de la soberanía nacional y la libertad de su pueblo. Aunque a Ortega no le interese desprenderse del aura de prestigio que implica ir acompañado de la simbología sandinista, sus prácticas caudillistas autoritarias sólo manchan el legado e ideario de aquel llamado General de hombres libres, asesinado por la traición de Anastasio Somoza en el lejano 21 de febrero de 1934, en los inicios de una atroz dictadura que duraría 45 años. La dinastía de los Somoza convirtió Nicaragua en su finca privada. El mismo Tacho Somoza llegaría a confesar, sin el más mínimo rubor: “Que yo sepa sólo tengo una hacienda y se llama Nicaragua... ¿Yo, el presidente? ¡Nicaragua es mía!” Fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quién acabó con aquella pesadilla en 1979, con una mítica revolución que además provocaría que un minúsculo país desconocido para el universo figurara en un lugar destacado en las agendas de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.   Constitución inconstitucional Desde el triunfo de la revolución, Daniel Ortega, que estuvo preso durante siete años resistiendo las torturas de sus verdugos, fue mutando hasta convertirse en un omnipresente caudillo autocrático que persigue con mano de hierro cualquier disidencia. Sea en sus primeros años de gobierno, desde la oposición después de su derrota ante Violeta Chamorro, o en estos años de nuevo desde el gobierno, el caso de Ortega es un buen ejemplo que confirmaría la verosimilitud de aquel dicho sobre el poder, el poder absoluto y cómo puede llegar a corromper a quien lo ejerce absolutamente. Con su reelección se vulnera una doble prohibición constitucional expresamente establecida en el artículo 147, salvada con otra maniobra de la Corte Suprema a la que sólo asistieron los magistrados elegidos por el mismo Ortega en persona para sentenciar como “inaplicable” el artículo que le habría impedido mantenerse en el poder. De este modo, la Corte Suprema declaraba inconstitucional nada más y nada menos que la Constitución. Desde que asumió el poder en enero del 2007 la cooperación del Gobierno de Hugo Chávez llegó a los 1.600 millones de dólares; unos fondos administrados por una empresa privada al margen de los presupuestos del Estado, destinados a paliar las necesidades de los sectores que sufren la pobreza extrema. El otro apoyo clave le ha llegado por parte del cardenal emérito Miguel Obando Bravo, enemigo del pasado que ahora bendice la conversión al cristianismo de Daniel Ortega, proclamando que “el Señor sabrá recompensar con creces todas las cosas buenas que han llevado a cabo”. Como así ha sido.