Coincidiendo con la celebración el domingo 3 de mayo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Colombia y Brasil han escenificado sus crisis políticas con dos episodios de profundo calado que afectan de pleno a las libertades de expresión e información. El ejercicio de estos derechos fundamentales está experimentando dificultades crecientes en el marco de la compleja gestión de la pandemia del coronavirus en América Latina.
05/05/2020 / Barcelona
Los ataques al periodismo, en el epicentro de las profundas crisis políticas en Colombia y Brasil en plena pandemia
Colombia ha conocido Las carpetas secretas, un turbio asunto de espionaje y seguimiento ilegales por parte del Ejército del país a periodistas, activistas humanitarios, líderes sociales y sindicales y políticos, tanto nacionales como extranjeros. La revista Semana reveló que estas actividades se sufragaron con fondos de los Estados Unidos destinados originalmente a la lucha y erradicación del narcotráfico y el terrorismo.
Entre los periodistas que han sido blanco de estas actividades ilegales se hallan diversos corresponsales y fotoperiodistas de destacados medios estadounidenses como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, la National Public Radio o National Geographic. “El dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos’, ha dicho el senador demócrata Patrick Leahy a Semana.
Reconocidos periodistas colombianos también han sido sometidos a este espionaje. Entre ellos, la analista política de Noticias Caracol María Alejandra Villamizar; un reportero de la emisora Blue Caracol y los periodistas de Rutas del Conflicto. Este medio alternativo destapó el año pasado un presunto caso de cohecho a través de un entramado de entrega de dinero a Ejército, Policía y Fiscalía colombianos por parte de empresas petroleras y minero-energéticas.
El reportaje mostraba cómo estas compañías pagaron billetes de avión y vacaciones a militares así como la fabricación de drones. En el contexto, las denuncias de comunidades que señalaban “el enorme dilema ético del hecho que las instituciones del Estado encargadas de la protección y la justicia reciban recursos privados, mientras capturan y judicializan a líderes sociales que protestan contra la actuación de esas mismas empresas”.
Las carpetas secretas muestran “un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión”, manifiesta una editorial de Rutas del Conflicto. El director en América de la ONG Human Rights Watch es otra de las víctimas de estas prácticas.
Con estos seguimientos, la inteligencia militar colombiana también pretendía llegar a las fuentes de información de estos periodistas especializados en el conflicto interno del país. Entendían que era una forma de conocer dónde se ubicaban sus “objetivos”, ha declarado a Semana un oficial anónimo que participó en estas operaciones.
Al respecto, el presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, toda una autoridad moral en el proceso de paz del país, ha declarado que los hechos “nos avergüenzan ante el mundo como colombianos y son una amenaza a los derechos y libertades consagradas en la Constitución”.
Según de Roux, estas conductas cuestionan la ética de las fuerzas armadas del país y destruyen la moral pública. Por ello, ha exigido una investigación a fondo del caso, la depuración de responsabilidades apartando a los militares implicados y ha reclamado al cuestionado ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo el acceso a los documentos sobre estas prácticas.
Brasil
En Brasil, una manifestación contra el Tribunal Supremo y el Congreso en la que participaba el presidente del país Jair Bolsonaro derivó en agresiones físicas contra Dida Sampaio, fotógrafo del rotativo O Estadão de São Paulo que cubría la concentración. La agresión al fotoperiodista se produjo cuando tomaba imágenes de Bolsonaro en un área restringida a la prensa ante el Palácio do Planalto, sede del gobierno federal en Brasilia. Seguidores de Bolsonaro le impidieron efectuar su trabajo con empujones, patadas e incluso pinchazos.
La agresividad de los manifestantes contra la prensa siguió con insultos como ‘basura’ dirigidos a los medios y sus profesionales. El periódico Estadão denuncia que en ningún momento Bolsonaro reprendió esta actitud de los manifestantes, a pesar de que fue alertado de ello por sus colaboradores. Y añade que Bolsonaro “despreció todas las normas de salud pública” al participar en la manifestación paseándose por la misma sin mascarilla.
Así las cosas, el ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, se ha desmarcado de Bolsonaro a través de un comunicado en el que afirma que el Ejército defiende la independencia y convivencia de los tres poderes del Estado y que la libertad de expresión es un requisito fundamental.
“Los militares estarán siempre del lado de la ley, el orden, la democracia y la libertad”, añade el escrito en choque frontal con las palabras pronunciadas por Bolsonaro en el polémico míting en Brasilia donde aseguró a sus seguidores que “tenemos a las Fuerzas Armadas al lado del pueblo”.
A todo ello, Brasil ha superado las 105.000 personas contagiadas por el Covid-19 convirtiéndose en el país latinoamericano con mayor incidencia de la pandemia, también en cuanto a las víctimas mortales, más de 7.300.
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Ilustración de María Camila Pulido.
