La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, pide a los gobiernos medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas recluidas en prisiones, en un mayor esfuerzo para frenar la pandemia del COVID-19. En paralelo, crecen los llamamientos en Latinoamérica para que los gobiernos no utilizen esta situación para conceder beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Imagen: Michelle Bachelet durante su visita a Casa Amèrica Catalunya en mayo de 2010.
16/04/2020 / Barcelona
Bachelet pide medidas contra el coronavirus en las cárceles mientras crece la alarma en Latinoamérica por posibles beneficios a condenados por lesa humanidad
“El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos o orfanatos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que están en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró quien ha combatido toda una vida en defensa de los derechos humanos, medico de formación.
“En muchos países, los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, contó Bachelet. Para el Alto Comisionado, “las autoridades estatales deberían examinar la puesta en libertad de los presos de más edad y los enfermos, así como detenidos menos peligrosos, como los arrestados sin motivos jurídicos suficientes, presos politicos y otros internos que fueron encarcelados por expresar ideas críticas o disentir”.
“También me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas normas de prevención del COVID-19. Esto podría agravar la mala situación que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco a frenar la propagación de la enfermedad”, advirtió la Alta Comisionada.
Ver Llamamiento de Michele Bachelet sobre el COVID-19
Las reacciones a esta situación han ido en aumento en los últimos días. La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) rechazó la decisión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de reactivar la discusión en el Congreso del proyecto denominado Ley Humanitaria. Esta ley permitiría conceder el arresto domiciliario a mayores de 75 años y a enfermos terminales, incluyendo a los condenados por delitos de Lesa Humanidad (desaparición forzada de personas, ejecuciones o torturas).
La RESLAC denuncia una utilización perversa de la pandemia para fines de impunidad, lo que no sólo estaría sucediendo en Chile, sino también en Guatemala y Argentina, donde grupos pro-militares o los mismos condenados, están solicitando la aplicación inmediata de la prisión domiciliaria. De acuerdo con el Estatuto de Roma, apunta RESLAC, un requisito para conceder beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, es la cooperación con las investigaciones para esclarecer la verdad, lo que en muchos casos no se ha producido.
Por otro lado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) ha denunciado la posibilidad de que autoridades estatales y judiciales de Honduras puedan dejar en libertad, aprovechando la pandemia por el COVID-19, a dos de los asesinos condenados por el asesinato de la activista y líder indígena y feminista, Berta Cáceres.
“El Copinh denuncia enérgicamente que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el Ejército de Honduras pretendan dejar en libertad a estos asesinos convictos”, indicaron. Segun el Copinh, se están haciendo gestiones para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah y condenados a 30 años de prisión por el asesinato, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis sanitaria. También se estudiarian beneficios o incluso la excarcelación de David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen que quitó la vida a la líder hondureña.
En esta misma línea, hace unos días el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y el COPINH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llamó a las autoridades hondureñas a “abstenerse de tomar medidas como la liberación, amnistía, indulto u otro excluyente de responsabilidad para las personas condenadas y procesadas por el asesinato de Berta Cáceres, así como otros responsables de violaciones a los derechos humanos”.
