Casa America Catalunya

“Muchas mujeres y niñas, durante el tiempo que pasaron en los grupos armados, han sido sometidas a violencia sexual. La esterilización forzosa, el aborto impuesto, la esclavitud sexual y la prostitución, han sido habituales. Se infringe sistemáticamente la ley de Colombia que determina la edad de 14 años como edad de consentimiento.  “Para no repetir estos procesos, y con el fin de alcanzar para las mujeres las garantías necesarias que implican una reinserción exitosa, la inclusión de las mujeres en los procesos de negociación es un aspecto fundamental” (Información tomada de Reliveweb. Las mujeres en la guerra y en la paz. Lo femenino de las FARC y de la AUC)  El conflicto colombiano se ha convertido en terreno propicio para la violación de los Derechos Humanos y, particularmente, los de las mujeres. De una población que sobrepasa los 3 millones de personas  desplazadas o refugiadas, cerca del 60% son mujeres y niños y un 90% de las víctimas de guerra también lo son, al contrario de lo que sucedía hace un siglo, cuando el 90%  era personal militar. En julio de 2005, con la aprobación por parte del congreso de la Ley de Justicia y Paz, pilar de la política del presidente Uribe, esta situación ha permitido tanto la desmovilización “colectiva” -resultado de la negociación oficial entre el gobierno y los paramilitares- como la “individual” mediante la cual se han desmovilizado hombres, mujeres y niños de las guerrillas. De casi 31.000 paramilitares desmovilizados colectivamente, un 6% fueron mujeres. De otros 10.000 desmovilizados individualmente, un 14% es población femenina. Las niñas desmovilizadas son una cuarta parte del total. Las cifras aportadas por el Ministerio de Defensa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su observación local, indica que entre agosto del 2002 y julio del 2004, se habrían desmovilizado legalmente 2.604 miembros de las FARC, lo que representaría el 15% de sus cuadros,  727 miembros del ELN, aproximadamente un 19% de sus cuadros, y 1.176 miembros de las AUC que representarían también un 19%. Del total, cabe destacar que el 20% de los desmovilizados han sido niños y niñas. Después de las negociaciones de paz de los 90, se expande la economía de la droga, lo que ofrece un nuevo espacio para los actores armados en conflicto, especialmente las FARC y los grupos paramilitares, que iniciaron el control sobre las áreas de producción de la coca y la amapola para la fabricación de estupefacientes. Una actividad con la que crecía su economía para aumentar su capacidad militar y logística, aprovechando la situación de pobreza de los campesinos, quienes abandonados por el estado y para sobrevivir optan por cultivar y recoger coca, incrementando y beneficiando el negocio de la droga.  La Organización de Estados Americanos (OEA) advierte que después de la desmovilización de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, se han venido organizando nuevamente grupos armados que amenazan el proceso de paz. Cabe anotar que de los 31.651 paramilitares desmovilizados desde 2003, 23.000 se encuentran activos actualmente y alrededor de 7.000 no participan del programa de desmovilización. La verdad de todo esto es que las entidades del estado no ofrecen ningún control en el cubrimiento de los beneficios, creando escepticismo entre los desmovilizados y avocándolos al retorno a las actividades delictivas. Sobre esos terrenos de influencia armada se produjeron grandes desplazamientos, de manera especial en poblaciones vulnerables como los indígenas y los afrocolombianos. De todas las víctimas que sobreviven al conflicto, las mujeres y las niñas son las que llevan la peor parte: cargan con el duelo de las pérdidas, con los sobrevivientes de la familia y con los hijos. Sin embargo, para la situación de estas mujeres, no existen estadísticas nacionales que den cuenta de la magnitud de la situación, que puede comprender toda clase de abusos emocionales, sexuales, tortura, mutilación y prostitución. Entre la población desplazada de Colombia la mayoría, además de ser mujeres, son pobres.  En la actualidad, el 79% de esa población no tiene las necesidades básicas cubiertas, ni ninguna posibilidad de oportunidades. Amnistía Internacional en su informe del 2004 dice: “Las mujeres y niñas son las víctimas ocultas de esta guerra”. A pesar de que las mujeres quedan viudas o huérfanas, no son consideradas víctimas de guerra. Ellas asumen la función fundamental de garantizar la subsistencia de la familia en medio del caos, enfrentan la reconstrucción de las viviendas, promueven la reconstrucción de escuelas, centros de salud, recuperación de tierras y cultivos en los lugares de reasentamiento y participan activamente en favor de la paz en sus comunidades. Las mujeres, incluso en las peores circunstancias de las guerras, muestran el coraje y el suficiente liderazgo para resolver conflictos y ser permanentes constructoras de paz.  Como última anotación, creo que en las agendas de resolución de conflictos, no se ha abordado con suficiente profundidad el nexo entre conflicto, desarrollo y derechos. Además, las estrategias de desarrollo  y de erradicación de la pobreza obvian los temas que tienen que ver con el contexto del conflicto. Para desactivarlos y sentar las bases de una reconciliación y una paz duradera, hay que sanar las situaciones de injusticia e impunidad que nutren la violencia social".