El periodista uruguayo Roger Rodríguez ha recibido en Barcelona el VI Premio Casa Amèrica Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica. El galardón que cada año concede la entidad reconoce a aquellos profesionales o medios latinoamericanos que destacan por su labor y trayectoria en el ejercicio de un periodismo veraz y comprometido con la defensa de los derechos humanos. Rodríguez toma el relevo de los anteriores premiados: Medios para la Paz (Colombia); Página 12 (Argentina); Lydia Cacho (México); Carlos Fernando Chamorro (Nicaragua) y Diario Co Latino (El Salvador). “En Uruguay, ahora que la impunidad comienza a morir, son peligrosos sus estertores”, señala en la siguiente entrevista Rodríguez, quien, por cierto, está amenazado por grupos de extrema derecha.
Roger Rodríguez, Premio Casa Amèrica Catalunya a la Libertad de Expresión: “Ahora que en Uruguay la impunidad comienza a morir, sus estertores son peligrosos”
¿Qué significa para usted y para el periodismo uruguayo el Premio Casa Amèrica Catalunya a la Libertad de Expresión?Es un premio de mucha trascendencia en lo personal. Primero, porque es el reconocimiento desde un país europeo al periodismo que se practica en Iberoamérica y en particular en un pequeño país como Uruguay. Segundo, por la importancia de quienes me han antecedido en recibirlo: tres medios y dos colegas de mucho reconocimiento en su trabajo profesional. Para el periodismo uruguayo también es importante. Usted está amenazado y debe adoptar algunas medidas de seguridad. ¿Quién y por qué le amenazan? ¿Por qué es peligroso hacer periodismo de investigación y denuncia en Uruguay?En Uruguay, veinticinco años después de la salida de la dictadura, sigue dominando la impunidad. Hasta estos días, rige una norma, denominada Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por la que no se permite juzgar a los criminales de lesa humanidad de los años setenta; se desconoce el paradero de más de un centenar de desaparecidos y no se ha hecho justicia ni reparado a quienes sufrieron aquellas violaciones a los derechos humanos. Desde hace algunos años la ley no tiene fundamento, porque a pesar de ella se ha podido realizar juicios y encarcelar criminales. Hoy, esa ley está por ser anulada. Así lo exigen organismos de derechos humanos que han condenado a Uruguay por su vigencia. Así lo determina la Suprema Corte de Justicia que la considera inconstitucional. Así lo exige la verdad, que es lo que buscamos los periodistas. Pero cuando se indaga en esa verdad oculta, se llega a los nombres de los impunes y éstos reaccionan. Con mis investigaciones he desenmascarado algunas de esas verdades y varios de esos nombres. Ahora que la impunidad comienza a morir, son peligrosos sus estertores. Aquellos criminales no quieren ser juzgados.También ha denunciado una ofensiva coordinada de la extrema derecha latinoamericana y europea. ¿Qué nos puede explicar al respecto?Recientemente denuncié a un grupo que apoya a un puñado de exmilitares que ya están presos y que define como sus enemigos a los gobiernos progresistas y las organizaciones de derechos humanos. Este grupo, denominado Foro de Libertad y Concordia, tiene conexiones con organizaciones de la extrema derecha latinoamericana e internacional. Mis artículos en Caras&Caretas motivaron que ellos publicaran en una página de Internet mis datos personales y hasta un mapa con la ubicación de mi domicilio, incitando a que se cometiera algún acto contra mi persona o mi familia.¿Cuáles son las tareas más urgentes a acometer, según su juicio, en el campo de las libertades de expresión, información y opinión en América Latina? Se requieren mayores garantías legales para el ejercicio del periodismo independiente. Hasta hace poco, en Uruguay los periodistas podíamos terminar en prisión por nuestro trabajo. Hoy podemos ser juzgados en el área civil con reclamos económicos que ninguno puede pagar. Sigue vigente la antigua contradicción entre el supuesto honor y la verdad. Se requieren normas laborales que defiendan los derechos de autor de los periodistas. También se requieren garantías ante los propios medios de comunicación, que muchas veces defienden la libertad de empresa más que la libertad de prensa. Los medios dependen de la publicidad y por tanto son susceptibles, sobre todo en mercados pequeños como Uruguay, a presiones de los avisadores e incluso de los gobiernos que manejan sin reglas claras las pautas de la publicidad oficial. Tampoco es clara la adjudicación, la tenencia hereditaria y la trasnacionalización de los medios electrónicos que, aunque usufructúan ondas del Estado, se han constituido en centros de poder económico y, sobre todo, político. Para una mayor libertad de expresión, de información y de opinión, se requiere desarrollar medios alternativos que equilibren la balanza. Para eso se necesita el desarrollo de Internet, leyes que faciliten a las organizaciones sociales el acceso a la tecnología e insumos, y políticas de Estado claras en la adjudicación de ondas.
