Casa America Catalunya

(Artículo del director de la Fundación Casa Amèrica Catalunya, publicado en “El Periódico de Catalunya”) La apertura de los juicios en Argentina por la sanguinaria represión ejercida por la última dictadura militar (1976-1983) es un desafío a la impunidad de la que disfrutaron quienes violaron de forma premeditada y sistemática los más elementales derechos humanos. Desde el mismo instante en que la Corte Suprema resolvió invalidar y declarar inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida, el 14 de junio de 2005, se removieron una vez más las fichas del tablero de los derechos humanos y la memoria social en la búsqueda de verdad y justicia ante la magnitud de una terrible tragedia colectiva.
 El caso de los asesinatos del terrorismo de Estado cometidos durante la década de los setenta en Argentina se ha mantenido como un tema central de la agenda del presente, condicionante del desarrollo colectivo del futuro en tanto que deuda no saldada con el pasado.El filósofo italiano Remo Bodei dijo en una ocasión que "la memoria es un campo de batalla". En esa concisa pero rotunda definición cabría situar, de una parte, la perseverancia en la esforzada lucha desigual librada desde muy diversas organizaciones civiles, y de otra, un potente aparato de resistencia desde el interior del mismo Estado y de los poderes fácticos, dedicados, también con constancia pero con más medios, a entorpecer e impedir cualquier proceso que pudiera comportar la restitución de la dignidad de las víctimas por medio de sentencias dictaminadas por los tribunales de justicia.En Argentina hubo justicia con el llamado macroproceso a las juntas militares en 1985. Hubo impunidad cuando se decretó el punto final y los consiguientes indultos de gracia de Carlos Menem en 1990. La frustración por aquellas decisiones políticas en una gran parte de la sociedad se convirtió en exigencia del derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido caso por caso respecto de los miles de personas desaparecidas. Se había intentado cerrar el pasado con decretos que amnistiaban a los represores y condenaban de por vida a los supervivientes a no saber y a no obtener una justa reparación. Y más aún. El cierre en falso desde los gobiernos democráticos permitía que no se pudiera asegurar con certeza que nunca más se iban a repetir hechos tan terribles por los mismos que no lograron el exterminio total de sus oponentes, como algunos de aquellos tiranos animan todavía hoy a terminar con la obra iniciada.Tanto Abuelas como Madres de Plaza de Mayo, las más emblemáticas de entre las organizaciones combatientes contra la desmemoria y el olvido, mantenían la esperanza de que en algún momento, la justicia volvería a intervenir. Estaban solas, las tomaban por locas. Con sus reivindicaciones frente a la Casa Rosada, en las calles de las ciudades y pueblos, con denuncias nacionales y ante organismos internacionales y judiciales, cubrían sus cabellos con un pañuelo blanco y se hacían acompañar por las fotografías de sus seres queridos asesinados.El tenaz Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha contabilizado 111 causas abiertas con 305 imputados: 44 están prófugos y 105 fallecieron. La primera sentencia tras la derogación de las leyes que impedían los juicios fue el pasado 4 de agosto contra Julio Héctor Simón, alias el Turco Julián, a 25 años de prisión, como solicitó la fiscalía, por los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada. Fueron hasta siete largas sesiones en las que se pudieron escuchar los testimonios de las vejaciones sufridas por las víctimas retenidas en el campo de concentración clandestino bautizado con perversidad como El Olimpo, los dioses de la vida y de la muerte, como les gustaba denominarse a los verdugos entre ellos mismos.La apertura de los juicios tiene para las víctimas muchas consecuencias y entre ellas salvaguardar su propia seguridad personal ante la citación para prestar su testimonio. Los datos oficiales provocan escalofrío. Hasta ahora hay 4.505 testigos citados a declarar. La secretaría de Derechos Humanos del Gobierno tiene certificadas ya hasta 35 amenazas a testigos y otras 19 más a funcionarios y magistrados. Habría 360 personas con "riesgo crítico" por lo substancial de su declaración y otras cinco, que necesitan de una protección "muy especial". Los miedos, los fantasmas del pasado se tornan realidad en el subconsciente de los supervivientes y de la sociedad misma cuando se piensa que continua sin aparecer desde hace ya más de seis meses Jorge Julio López, testigo fundamental en la condena a cadena perpetua de quien fuera director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, el ex comisario Miguel Etchecolatz.Fue el propio presidente Néstor Kirchner, impulsor político del fin de las leyes de impunidad durante su mandato, quién logró resumir en pocas palabras y ante el Congreso, lo que supone para Argentina que se sepa la verdad y que se haga justicia: "Los valientes de ayer, hoy le tienen miedo a la Justicia. Vimos una sinrazón de locos que hicieron lo que pensamos que nunca se podía hacer. No quiero venganza. No pido que los fusilen, ni que los tiren al mar desde los aviones. Pido que tengan cárcel común". Esa es, precisamente, la mejor de las lecciones que está dando Argentina al mundo. Verdad y justicia sin venganza, a pesar de todo.